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De irresponsables y culpables

Dice la Constitución española vigente en su artículo 14 que “(todos) los españoles son iguales ante la Ley…”, pero sabemos que en esto, como en tantas otras cosas, la ley de Leyes es muchas veces papel mojado. El Bárcenas que acusa en sede judicial a la cúpula del PP de cobrar sobresueldos y de financiación ilegal lo sabe bien, como lo sabe el conductor del tren accidentado en Santiago. Al primero se le ha retirado la presunción de inocencia de que disfrutó durante cuatro años, al segundo no le ha hecho falta alguna: nunca la tuvo. Está condenado sin juicio. Sólo una comisión de la verdad podría impartir algo de justicia y eso, desgraciadamente, no parece hoy y aquí ni probable ni posible.Un policía acompaña al maquinista del tren minutos después del brutal accidente de Santiago de Compostela. Foto EL PERIÓDICO

Y es que no es difícil estar de acuerdo con esta afirmación: ”En este país ni todos somos iguales ante la Ley ni a todos se les aplica la presunción de inocencia de la misma manera”. A ver. Existe un amplio consenso en que las trapacerías judiciales de la gran mayoría de los políticos son, casi siempre, presuntas. Su culpabilidad solo es admitida, en su caso, cuando el más alto tribunal, y no un tribunal de instrucción cualquiera, dicta sentencia. Y, a veces, ni así

Algo de esto ha sucedido con el exministro de Fomento José Blanco, finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en el caso Campeón. Sus compañeros siempre exigieron para él presunción de inocencia. También viene ocurriendo al expresidente de Baleares Jaume Matas a propósito de sus variadas causas judiciales. Y esto mismo venía sucediendo hasta hace unas semanas con el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas. Todos ellos eran defendidos por sus pares y afines con tal énfasis que provocaba sonrojo en una parte amplia de la ciudadanía a la que se le niega su derecho a opinar y se le trata de infantilizar.

Curiosamente en el momento en que todos y cada uno de ellos dejan de ser uno de los nuestroslas cosas cambian radicalmente. Todos sabemos que Luis Bárcenas dejó de ser el señor Bárcenas y pasar a ser el delincuente Bárcenas (Alfonso Alonso dixit) en el momento en que tuvo la osadía de cambiar en sede judicial su declaración y dejar desnudos y sin argumentos a sus mentores, sean éstos nombres tan ilustres como Rajoy, Cospedal, Arenas o Trillo por citar solo algunos. Todos los señalados le han condenado ya porque saben que la culpabilidad, toda la culpa para él, es el único camino posible de su difícil salvación. Personalmente es compresible, pero políticamente define la bajeza y doblez moral de quien así actúa.

Algo muy parecido ha pasado y está pasando con el maquinista del convoy que protagonizó el escalofriante accidente en Santiago de Compostela. Desde Adif (Administrador de infraestructuras Ferroviarias), que es casi como decir que desde el Gobierno, es señalada la impericia de este hombre al no bajar la velocidad del tren a la salida del túnel como el único responsable de la tragedia con una contundencia que asusta. “Debía haber frenado cuatro kilómetros antes”, es la única razón, la única explicación. No hay, pues, ni debate ni búsqueda de otras responsabilidades por acción u omisión, de otras causas que, al menos, impidan que esto se vuelva a repetir.

Y es que parece claro que si desde Adif, que es como decir desde el Gobierno, se logra que todo el peso de la Ley caiga sobre este despistado chófer de trenes, los otros responsables, los que tienen que velar porque el lamentable pero comprensible despiste de un minuto de una persona no pueda tener unas consecuencias tan trágicas como las que ha tenido esta vez, todos ellos quedarán exonerados de toda culpa. Serán oficialmente i-rres-pon-sa-bles. Más o menos como les sudece a la mayoría de políticos que son igualmente irresponsables de las consecuencias de sus decisiones. Y ya puestos y en el colmo de la rapacería humana se ha levantado otra caza: se quiere sacrificar la vida de un hombre, negarle cualquier posible defensa, en nombre de un negocio por venir: el del AVE en el extranjero.

Llegados a este punto y si transformamos la aseveración del principio en una pregunta -“¿Son todos los españoles iguales ante la Ley?”- la respuesta no puede ser más triste y más evidente: está claro que unos sí son más iguales que otros. En twiiter @plopez58

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